El pasado 9 de enero, entró en vigor el cambio en el límite de velocidad en carreteras convencionales, que se reduce a 90 km/h. Según datos de la Dirección General de Tráfico, se han sustituido un total de 2.719 señales, labor cuyo coste ha ascendido a 526.000 euros.
La medida, anunciada hace unas semanas por el Director General de Tráfico, Pere Navarro, tiene como objetivo principal disminuir el número de accidentes en este tipo de vías, que el año pasado sumó un total de 877 fallecidos, la mayoría de ellos debido a un exceso de la velocidad. Está comprobado que, cuanto menor sea la velocidad, menos son los daños personales que se producen.
El 40% de los siniestros con víctimas mortales se han identificado como salidas de la vía y el 27% colisiones frontales. La mayoría de ellos se interpretan por la pérdida del control al volante provocada por el exceso de velocidad mencionado.
Por otro lado, también se pretende unificar la velocidad con la mayoría de los países europeos, en los que se ha limitado la velocidad en estas vías en las que no existe una separación física de sentido. Suecia y Holanda, dos países que lideran la seguridad vial, han decidido ir más allá y limitar la velocidad hasta los 80 kilómetros por hora.
Hay que recordar que, en condiciones óptimas de conducción, con carreteras en buen estado, la distancia de frenado circulando a 90 kilómetros por hora es de 70 metros. Si la velocidad aumenta a 100, la distancia necesaria suma 14 metros más.
El campo de visión del conductor también se ve afectado por la velocidad de circulación. A 65 kilómetros por hora es de 70 grados mientras que si la velocidad aumenta a 100 kilómetros por hora, el citado ángulo de visión se reduce hasta los 42 grados.